Cali, Octubre 26 de 2009
Doctor
RAFAEL E. OSTAU LAFONT
Presidente Consejo de Estado
Doctora
MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO
Doctora
MARTA SOFIA SAENZ TOBON
Doctor
MARCO ANTONIO VELILLA
Miembros Sala de lo Contencioso Administrativo
Consejo de Estado
Bogotá
Señores/as Consejeros/as,
Por ser Colombia un Estado de Derecho -diferente al Vaticano- produce tristeza más que desconcierto, que una instancia del más alto nivel como el CONSEJO DE ESTADO se pronuncie en contra del Decreto Reglamentario 4444 de 2006 del Ministerio de Protección Social que adopta la Norma Técnica sobre la Sentencia C-355 de mayo 2006 de la Corte Constitucional, así sea por considerandos formales sobre competencias jurisdiccionales, aun debatibles.
El costo social y ético que ha causado el impacto de dicho pronunciamiento tiene y tendrá que ver con la salud y vida de mujeres reales, daño para nada comparable con especulación e interpretación normativa. Es una acción regresiva a más de ciento setenta años atrás, ya que el Código Penal de la Nueva Granada de 1837 ya amparaba el derecho al aborto por peligro de vida de la madre.
Cuando aun no se ha divulgado como es debido la Sentencia C-355, cuando numerosos profesionales y entidades de salud siguen desconociéndola e incumpliendo con su deber, sin ser sancionados, cuando los fundamentalismos no solo desde las iglesias sino del mismo Estado (caso del Procurador), pasan por encima de la compleja problemática de violencia contra las mujeres que la Corte Constitucional aborda de manera digna, profesional y humana con la citada sentencia, es alarmante y atropelladora la intervención de esa institución.
En este caso, el poder transformador de un ente como el CONSEJO DE ESTADO ha sido usado de forma equívoca e intimidatoria que rechazamos. Protestamos por la salida oscura que han tenido y que, aunque no les preocupe, les quita vuelo histórico y académico, además de cargarlos de responsabilidades frente a las mujeres de Colombia.
Las abajo firmantes,
Con copia
Dr. Nilson Pinilla Presidente Corte Constitucional
Dr. Diego Palacio, Ministro de la Protección Social
Dr. Volmar Pérez, Defensor del Pueblo